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El Gobierno deja al Supremo la decisión última de que las comunidades restrinjan derechos fundamentales tras el fin del estado de alarma

Esta vía, que antes no estaba validada, supondrá que el Alto Tribunal pueda sentar doctrina y trazarse una hoja de ruta judicial sobre qué pueden y qué no pueden las autonomías

El Gobierno no prorrogará el estado de alarma que vence el domingo 9 de mayo. No habrá un plan B jurídico como reclama la oposición y gran parte de las comunidades, pero el Ejecutivo sí ha decidido abrir un nuevo canal para que las regiones pueda restringir derechos fundamentales, como la movilidad de los ciudadanos, en la lucha contra la pandemia. Éstas podrán acudir al Tribunal Supremo para solicitar esas medidas, que deberá resolver en cinco días hábiles. Ahora, sin el paraguas del estado de alarma, las comunidades deben pedir autorización judicial, a los tribunales superiores de justicia, para aquellas medidas que pueden suponer una limitación de derechos. Ésa era la vía que articuló el Ejecutivo.

Ello provocó disparidad de criterios y decisiones: cierres, medidas iguales que en una comunidad se aprobaban y en otra se tumbaban. Y ahí acababa el margen de las comunidades. En ocasiones, se creó desconcierto en la ciudadanía, que no sabía si debía cumplir o no las restricciones y no entendía por qué en unos lugares se ponían en marcha y en otros se retiraban. El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este martes un decreto que establece que en caso de que los tribunales superiores de justicia tumben las decisiones de los gobiernos autonómicos, éstos puedan recurrir al Supremo para que se pronuncie, según ha adelantado El País y confirman fuentes del ministerio de Justicia a este diario.

Es decir, que a partir del 9 de mayo, si un presidente autonómico, debido a la situación de la pandemia, quiere cerrar perimetralmente un municipio o, incluso, la región entera, o establecer un toque de queda, deberá pedir autorización al tribunal superior de justicia de su comunidad. Si éste lo refrenda, entrará en vigor. Si lo tumba, se podrá presentar un recurso de casación ante el Supremo, cuya Sala Tercera deberá pronunciarse en el plazo de cinco días hábiles. Si bien un recurso de casación puede tener un recorrido de, al menos, unos cinco meses, según fuentes jurídicas, el Gobierno en este decreto impone a la Sala Tercera que resuelva en ese plazo de cinco días hábiles. La aprobación de este decreto fue comunicada este lunes a Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.